Teófilo Rosario Martínez
El proceso de modernización de nuestro sistema de justicia encontraría solución en la implementación de herramientas que tiendan a optimizar los órganos del Poder Judicial y el fortalecimiento de la Escuela de la Judicatura, a través de programas que fortalezcan la integridad y la ética del poder judicial; lo anterior, enfocado desde la percepción que tiene la sociedad dominicana sobre el sistema de justicia, la cual experimenta un rezago en relación a las garantías y la protección de los derechos fundamentales de las personas y la inexistencia de un Colegio de Abogados que al igual que en otros países cumpla con la responsabilidad de la formación ética de los abogados(as).
Ante la situación actual, el establecimiento de un programa de Clínicas Jurídicas en las Universidades del país será un elemento transformador, no solo de las metodologías docentes, sino también vertebrador de la propia universidad en el seno de la sociedad como actor principal, junto al resto de los actores de la comunidad. Esto debido a que actualmente las facultades de Derecho están atrapadas (formalismos jurídicos) en las practicas pedagógicas que son estructuralmente hostiles al estudio de casos y el desarrollo de habilidades de investigación por estudiantes de Derecho (González 2004).
Esto frente a que la enseñanza en clínicas jurídicas a nivel global es un modelo de enseñanza cada vez más conocido para canalizar expectativas de reforma de la educación jurídica que obedezca a las exigencias de la clase estudiantil del derecho y a las necesidades de las comunidades a las que el Derecho y el sistema jurídico debe servir.
El movimiento clínico jurídico ha sido impulsado a nivel mundial por la Alianza Global para la educación en justicia- (Global Alliance for Justice Education -GAJE), así como por la Red Latino Americana e Iberoamericana de Clínicas Jurídicas de Interés público, cuyas instituciones en forma directa y en colaboración con instituciones académicas y de la sociedad civil han impulsado la instauración de los métodos clínicos jurídicos como alternativa en la formación de abogados. Esto, ante la amenaza que persiste y la desconfianza de los estudiantes que exigen el mantenimiento o establecimiento de ciertos niveles de enseñanza.
Debemos recordar que en los Estados Unidos, en los años 70, la profesión jurídica se vio profundamente afectada como consecuencia del escándalo Wastgate, lo cual provocó que la American Bar Association (ABA), previo pronunciamiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia, realizara reformas importantes relativas a la responsabilidad ética de la profesión de abogado, obligando a los estudiantes de la carrera de Derecho a tomar un curso en responsabilidad y ética.
Visto lo anterior, el estudio del Derecho más allá que fijar el concepto de justicia, como algo distinto al Derecho, debe preparar los futuros abogados para erradicar la injusticia, conforme expresan Diego Blázquez y José García Añon, “Lo importante es que la institución educativa hubiese tenido la valentía de alzar los ojos a la sociedad para, simplemente, mirar hacia cuales son los problemas de justicia que nos rodean y que se puede hacer para resolverlos”.
Y es que la educación jurídica clínica es práctica, en la cual la enseñanza de las habilidades se acopla a su adiestramiento profesional, la iniciación en las obligaciones públicas y profesionales del jurista. Los profesores clínicos enseñan a los estudiantes de Derecho lo que los abogados hacen, lo que deberían hacer y cómo deberían hacerlo, enseñando sobre el ejercicio de la abogacía con métodos de aprendizaje basado en la experiencia que le sitúa en el papel de jurista, preferentemente en el escenario del mundo en el que no solo se enfrentan, sino que abordan, la injusticia social.
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